Colombia puso un candado a casi la mitad de su territorio amazónico.
El 4 de agosto de 2026, a pocos días de terminar su mandato, el gobierno de Gustavo Petro firmó una resolución que blinda 483.283 kilómetros cuadrados de la Amazonía colombiana (cerca del 42 % del país) frente a nuevos proyectos de minería y petróleo.
En términos simples, a partir de ahora, nadie puede pedir ni recibir un permiso nuevo para explotar minerales o hidrocarburos en esa zona.
Los proyectos que ya estaban funcionando siguen como estaban, pero la puerta para cualquier nuevo proyecto quedó cerrada.
¿Qué significa esto en la práctica?
No se trata de un parque nacional ni de una figura que ya existiera previamente.
El gobierno usó una herramienta legal con más de cincuenta años: el artículo 47 del Código de Recursos Naturales, que le permite al Estado colombiano excluir una región completa de la posibilidad de conceder su explotación a particulares.
Esto nunca se había usado sobre toda la Amazonía colombiana de una sola vez, solo por tramos.
Con esta resolución, quedan prohibidas tres cosas puntuales: dar nuevas concesiones mineras, firmar nuevos contratos de petróleo o gas y otorgar los permisos ambientales que acompañarían a cualquiera de esas dos actividades.
¿Y los proyectos que ya estaban funcionando?
Los proyectos que ya estaban en funcionamiento continúan.
La medida no quita nada a nadie que ya tuviera papeles en regla: había 164 títulos mineros vigentes y otras 284 solicitudes en trámite antes de la firma, además de 39 contratos de petróleo y gas activos.
Todos estos proyectos podrán continuar operando hasta el vencimiento de su contrato, pero sin posibilidad de prórroga una vez cumplido ese plazo.
Es decir, no es que se frenara de golpe todo lo que existía, sino que se cerró la puerta a los nuevos proyectos.
Solo queda una pequeña excepción: se sigue permitiendo la minería pequeña de materiales de construcción, para reparar vías locales, aunque ni siquiera eso se permite dentro de los territorios indígenas del Amazonas.
El momento elegido no fue casualidad (o al menos, generó mucho ruido)
La resolución se firmó apenas tres días antes de que asumiera el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto.
Durante su campaña, De la Espriella defendió una postura opuesta en materia energética: prometió reactivar la exploración petrolera y habilitar la fractura hidráulica (fracking) en el país, técnica que calificó como moderna y responsable para recuperar la producción de crudo.
Su futuro ministro de Ambiente ya adelantó que habrá fractura hidráulica “en algunas zonas”.
El nuevo gobierno todavía no se ha pronunciado sobre esta reserva amazónica, pero como se trata de una resolución administrativa y no de una ley, no es descabellado pensar que este sea uno de los primeros choques entre la gestión que se fue y la que llega.
¿Por qué el gobierno saliente dice que era urgente hacerlo?
Los números que manejó el Ministerio de Ambiente para justificar la medida son fuertes.
Entre 2016 y 2023, la Amazonía colombiana perdió 788.000 hectáreas de bosque, lo que representa el 60 % de toda la deforestación del país en ese período.
Y solo entre 2022 y 2024 se perdieron otras 261.000 hectáreas.
El diagnóstico técnico habla de un “efecto espina de pescado”: cuando se abre una vía para un proyecto extractivo, esa vía después se ramifica en caminos secundarios que terminan facilitando la colonización, la tala ilegal e incluso los cultivos ilícitos, mucho más allá de donde originalmente se autorizó algo.
También hay peso legal detrás. En 2018 la Corte Suprema ya había reconocido a la Amazonía colombiana como “sujeto de derechos” (algo así como si la selva misma tuviera derecho a ser protegida).
En 2025, la Corte Constitucional reforzó esa idea calificándola como un ecosistema de protección especial.
Lo que está en juego para el clima y el agua
El argumento central del Ministerio gira en torno a la función reguladora del bioma sobre el ciclo hídrico continental.
Según datos del Foro Económico Mundial, los cerca de 400.000 millones de árboles de la Amazonía liberan a la atmósfera unos 20.000 millones de toneladas de agua cada día, en un fenómeno conocido como ríos voladores.
De ellos dependen alrededor de 670 millones de personas en América Latina, incluida buena parte de la humedad que alimenta la precipitación en la cordillera oriental colombiana y en páramos como Chingaza, clave para el abastecimiento de agua de Bogotá.
Es decir, lo que sucede en la selva no se queda en la selva.
El informe también advierte sobre un riesgo más grave todavía: que la Amazonía llegue a un punto de no retorno, deje de poder regenerarse sola y termine pareciéndose más a una sabana que a una selva, lo cual sería catastrófico porque hoy guarda unas 6,5 gigatoneladas de carbono.
El rol de las comunidades indígenas
Del área total protegida, el 22,9 % ya estaba dentro del sistema nacional de áreas protegidas antes de esta resolución, y más de la mitad (un 55 %, unos 26,8 millones de hectáreas) son resguardos indígenas.
Y aquí hay un dato que no se puede ignorar: esos territorios indígenas conservan el 99,5 % de su bosque intacto y guardan cerca del 78 % de todo el carbono almacenado en la Amazonía colombiana.
Es decir, donde las comunidades indígenas tienen el control, el bosque se cuida mejor que en cualquier otro lugar.
Antes de firmar la resolución, el gobierno consultó a los pueblos indígenas de la zona en una reunión realizada entre el 19 y el 20 de julio. Con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en cambio, esa conversación todavía no había terminado, así que la norma aclara que no va a aplicar sobre sus territorios hasta que el proceso finalice.
Con todo esto, Colombia se sitúa como el país más estricto de los ocho que comparten la cuenca amazónica (junto a Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam) en su compromiso de frenar la minería y el petróleo en su porción de la selva.
Ahora bien, que esta postura se sostenga en el tiempo dependerá de un gobierno que no firmó esta medida, pero que la hereda vigente desde el primer día.
